PROCURADURÍA PIDE AL GOBIERNO FORTALECER ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES
BOGOTÁ.. La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Gobierno nacional para que fortalezca la implementación de la política pública de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), como garantía de no repetición para las víctimas y con el propósito de avanzar en el cumplimiento del acuerdo de paz, ante las dificultades que se han presentado por la existencia de minas y artefactos explosivos en los territorios más afectados por el conflicto armado.
Al presentar el primer informe de seguimiento a esta política, la PGN consideró alarmante que, con corte a agosto de 2020, según los registros de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se hayan presentado 114 accidentes por minas antipersonal y artefactos explosivos de tipo improvisado, con un saldo trágico de 18 personas muertas y 96 heridas, cifra que supera lo reportado en 2019.
El órgano de control rechazó la insistencia en el uso de este tipo de armas por parte de las organizaciones criminales y grupos armados ilegales, que entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2020 dejaron 433 víctimas en comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y en miembros de Fuerza Pública, principalmente en los departamentos Arauca, Antioquia, Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Putumayo.
De acuerdo con la información reportada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre 1990 y julio de 2020 se han presentado 11.892 víctimas, de las cuales el 60.1% han sido militares y el 20% de los civiles afectados, es decir 1.220 corresponden a niños, niñas y adolescentes, víctimas de accidentes por Minas Antipersonal y artefactos explosivos improvisados (AEI). También ha habido un incremento en la proporción de víctimas civiles que alcanza al 58% del total de las registradas desde 2017.
El informe insistió en la importancia de que la Jurisdicción Especial para la Paz priorice un macrocaso sobre métodos y medios ilícitos de guerra durante el conflicto armado, así como la necesidad de avanzar en la inclusión de sanciones propias que privilegien el desminado humanitario y el suministro de información.
GARANTÍAS PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS
El ente de control solicitó al Gobierno brindar garantías a las comunidades afectadas por la presencia de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) y avanzar en la atención y reparación integral de las víctimas.
Así mismo, priorizar la asignación para el desminado humanitario de los 166 municipios del país que aún no han sido intervenidos, con avance simultáneo de la estrategia de control y seguridad territorial, que garantice las operaciones de desminado y su sostenibilidad.
Actualmente, existen 391 municipios libres de sospecha de minas (212 liberados mediante operaciones de desminado humanitario y 179 mediante Consejos de Seguridad Municipal), 407 sin reporte de afectación y 322 municipios con algún tipo de sospecha y/o presencia de minas antipersonal.
