FUNDACIÓN PROGRESAR EMITE ACCIÓN URGENTE POR ACCIONES DE VIOLENCIA EN PUERTO SANTANDER

Foto Suministrada.

CÚCUTA. Una acción urgente expidió la Fundación Progresar para los Derechos Humanos, ante los hechos de violencia que vienen ocurriendo en el municipio de Puerto Santander.

De acuerdo con el director de la ONG, Wilfredo Cañizares, en esa población del Área Metropolitana de Cúcuta se han registrado acciones que afectan los derechos a la vida, la integridad y la libertad de diversos sectores de la comunidad.

Cañizares señaló que desde el año 2005 se han asentado en este municipio y en la frontera con Venezuela, distintos grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de las Autodefensas

Unidas de Colombia, sin que hasta el momento las autoridades del Estado colombiano hayan dado una respuesta efectiva para la protección de los derechos de todos los ciudadanos.

Agregó que estos grupos ilegales han cometido todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos, principalmente homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, amenazas a

líderes y lideresas, además de restricciones a las actividades comunitarias, imponiendo la ley del silencio.

“Que para cometer estas violaciones a los Derechos Humanos ejercen acciones de control social, territorial y control de las rentas ilegales producto de actividades criminales que se practican en la frontera con Venezuela, como el contrabando, la extorsión, el microtráfico y el tráfico de personas, entre otros. Lo anterior a pesar de la presencia permanente de miembros de la Policía Metropolitana de Cúcuta y demás autoridades locales”, advierte en el documento.

El director de la Fundación Progresar denunció que en las últimas tres semanas ha sido reportada la desaparición de manera forzada de

Wuillinton Giraldo Salazar, José Luis Prada, Jhonatan Prada y Javier Rozo. “Cuatro humildes trabajadores informales de combustible, que se trasladaron desde los municipios del El Tarra y Tibú a comprar combustible y fueron abordados por hombres armados de los Rastrojos”.

Según Cañizares, ante la gravedad de estos hechos, es necesario hacer un llamado urgente al Gobierno Nacional, especialmente al ministro del Interior, Guillermo Rivera, a la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria Betancur y al Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, para que en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales se tomen de manera inmediata medidas efectivas que protejan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.