GOBERNADOR DIO CÁTEDRA DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA

Foto Suministrada.

Fiel al compromiso con la academia, adquirido en el primer semestre del año en la ciudad de San Gil, el Gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, promocionó y asistió al seminario ‘Cultura de legalidad y seguridad jurídica en Santander’, celebrado en el auditorio Mayor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab.

BUCARAMANGA. El mandatario inició su intervención con la trascendencia del acuerdo de paz con las Farc: “El grupo que históricamente ha sido el mayor contraventor y violador de toda la institucionalidad jurídica de nuestro Estado de derecho decidió someterse a las normas jurídicas colombianas y reconocer de plano toda la legislación a través de la cual se rigen todos los ciudadanos en igualdad de derechos y deberes”.

Exigencias y retos del encuentro

En su intervención el líder de los santandereanos destacó su mayor preocupación en el tema central del encuentro, la cual se deriva de un informe de la secretaría Jurídica de la institución que indica que la Gobernación tiene procesos jurídicos en curso por el orden de los $606 mil millones de pesos.

Para detener y reducir esta cifra explicó que la mejor decisión es seguir las indicaciones del Consejo de Estado para evitar múltiples condenas contra el Estado: “El argumento es tan simple como efectivo, eso se traduciría en una disminución de la demanda judicial, de la corrupción y la descongestión de procesos mejoraría la confianza ciudadana en sus jueces”, dijo el mandatario.

Puntos clave

Con el propósito de prevenir y evitar casos similares el Gobernador sugirió a los funcionarios algunos puntos: “Para devolver la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad de la justicia se deben disminuir al máximo las demandas judiciales, reducir en su totalidad los hechos de corrupción, trabajar de manera creativa e innovadora para generar estrategias que acaben con la congestión de los procesos judiciales en los tribunales, por casos como indebida contratación pública, despido ilegal de funcionarios, y violación de los DD.HH. por acción u omisión de los agentes del Estado”.